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Editorial
No Basta
No basta la suscripción del Convenio 169 de la OIT.
No basta el reconocimiento constitucional de diversidad étnica y cultural.
No basta la doctrina constitucional en desarrollo
de la consulta previa.
No basta con que el Nuevo Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -CPACA- consagre
la causal de nulidad de los actos expedidos por
la Administración que se expidan sin la
realización de consulta previa en los términos
que exige la Constitución y la Ley.
No basta que el CPACA haya flexibilizado los requisitos para acceder al decreto
de medidas cautelares.
No basta la expedición de un Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la
Consulta Previa.
La Corte Constitucional en la reciente sentencia T-197 de 2016 reivindica los
derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, de las comunidades
que tienen un “estatus intermedio” distinguiéndolas de aquellas a las que el Alto
Tribunal denomina “sociedad mayoritaria”, reconoce que aun cuando el derecho
administrativo se ha permeado de la doctrina constitucional aun guarda una óptica
“eminentemente occidentalizada” que mantiene en indefensión a las comunidades
ameritando la extrema protección del Tribunal Constitucional.
En Colombia, ha avanzado la doctrina constitucional en materia de defensa y
reconocimiento de los derechos de las comunidades étnicas, sin embargo,
debemos continuar preguntándonos el para qué de esta protección. Es hora que a
los representantes de los Consejos Comunitarios se les reconozca como
verdaderos líderes de la comunidad, que ello implique las responsabilidades de ley
al asumir esa representación, que sea una realidad la titulación de la propiedad
colectiva, que las comunidades se sientan representadas en las circunscripciones
especiales, que sea representativo y real el registro de organizaciones ante la
Dirección de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras del Ministerio del Interior, ya es hora de una descentralización
Colprensa- Gasoducto Loop-San Mateo’

efectiva, con presencia del Estado donde se encuentran las comunidades, parece
que ni la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- ni el Ministerio del
Interior conocen las regiones sobre las cuáles están decidiendo, y tal
desconocimiento afecta el desarrollo del país y de las comunidades que la Corte
intenta proteger, con decisiones que como en el caso del gasoducto Loop – San
Mateo – Mamonal llegan cuando ya la obra está terminada, con la respectiva
incertidumbre para el inversionista que ahora deberá dar cumplimiento a las
ordenes inspiradas en la falta de Estado y coordinación institucional.
NORMAS NACIONALES
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Decreto 780 de 2016
Gobierno Nacional expide Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social. Define la estructura del sector y su funcionamiento.
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Resolución No. 4 0391 de 2016
Adopta la Política Minera Nacional. El documento está dividido en una primera
sección que presenta el contexto nacional del sector minero colombiano y su
institucionalidad, y plantea los principales retos de la industria para los próximos
años. La segunda sección incluye la visión, los pilares –base estructural de la
política–, las líneas estratégicas, y contiene algunas precisiones acerca del plan
de implementación. La última sección, que corresponde a los anexos, incluye los
antecedentes jurídicos, institucionales y normativos que han regido la actividad
minera en los últimos años en Colombia, una caracterización del sector que
evidencia la importancia de la actividad minera en la economía del país y algunas
definiciones importantes para este documento.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Resolución 0565 de 2016
Establece los requisitos y procedimientos para el Registro de Usuarios de
Mercurio –RUM para el sector minero.
Resolución No. 0710 de 2016
Se delimita el Páramo Chingaza.

Resolución No. 0689 de 2016
Adopta el reglamento técnico que establece los límites máximos de fósforo y la
biodegradabilidad de los tensoactivos presentes en detergentes y jabones.
NORMAS REGIONALES O LOCALES
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Resolución 450 de 2016.
Modifica la Resolución 123 de 2015, en el sentido de ampliar el plazo de
implementación del Programa de Filtros de Partículas Diesel para Bogotá –BDPFen
los vehículos del Sistema Integrado de Trasporte Público.
COPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO
Resolución 00212 de 2016.
La Corporación adopta el procedimiento para establecer las medidas de
compensación por pérdida de biodiversidad para los trámites ambientales de
competencia de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS
Resolución DGL No. 00408
Adopta los protocolos dentro de la Estrategia Nacional de Prevención,
Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION MEDIO AMBIENTE DE
CALI – DAGMAResolución
4133021.209 de 2016
EL DAGMA expide reglamento del sistema de vigilancia de calidad del recurso
hídrico del área urbana del municipio de Santiago de Cali.
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE
MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
Resolución ps-gj.1.2.6.16.0336 de 2016

Suspende durante un año la expedición de permisos y autorizaciones de
aprovechamientos forestales comerciales en los focos de deforestación
identificados por el sistema de alertas tempranas del IDEAM en el departamento
del Meta.
Resolución No. ps-gj.1.2.6.016.0327 de 2016
Fija las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento a la
expedición, modificación y/o renovación de las licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones, establecimiento de Planes de Manejo Ambiental,
guías ambientales y demás instrumentos de control y manejo ambiental
establecidos en la ley y los reglamentos, de competencia de Cormacarena.
Resolución No. ps-gj.1.2.6.16.0335 de 2016
Reitera la prohibición de las actividades de minería en áreas de preservación y
recuperación del AMEM de conformidad con lo establecido en la Resolución
número 1.2.6.15.0596 del 30 de abril de 2015 a través de la cual, se adoptó el
Plan Integral de Manejo del Distrito de Manejo Integrado La Macarena Norte, del
“Área de Manejo Especial La Macarena”.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
Acuerdo No. 004 DE 2016
Adopta los módulos de consumo del recurso hídrico en jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, (CAR).
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA –CVCResolución
No. 0327 de 16 de mayo de 2016.
Determina las tarifas para los servicios que presta la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca (CVC) durante el año 2016.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA –CRC-.
Resolución 8989 de 18 de mayo de 2016.
Fija la tarifa de la tasa por uso de agua para el año 2016 en el área de jurisdicción
de la Corporación Autónoma Regional del Cauca.
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA –CORTOLIMA-.
Acuerdo No. 007 de 6 de mayo de 2016.

Declara la creación del «Parque Natural Regional Páramo del Meridiano – WE PE
WALA» como área protegida de carácter regional integrante del sistema
departamental de áreas protegidas y otras estrategias de conservación del
TOLIMA – SIDAP – TOLIMA.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL
SAN JORGE
Resolución 2-1978 de 30 de marzo de 2016.
Establece el Manual de Procedimiento Administrativo en materia de infracciones a
las normas de movilización y/o transporte de productos maderables, en el área de
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge (CVS).
JURISPRUDENCIA
T- 197 DE 2016
Acción de tutela interpuesta por los miembros del Consejo Comunitario de Ma-
Majari del Níspero, el Consejo Comunitario de Flamenco y la Asociación de
Pescadores y Agricultores Artesanales de Pasacaballo (Agropez) contra la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y otros.
Reitera la Corte Constitucional la importancia de la figura de la Consulta Previa de
comunidades aún cuando los proyectos ya se encuentren ejecutados.
PROYECTOS DE NORMA
Proyecto de Acuerdo No. 199 de 2016.
“Por medio del cual se establece la estrategia de pago por servicios
ambientales en Bogotá D.C y se dictan otras disposiciones”
El proyecto de acuerdo tiene por objeto establecer una estrategia institucional
orientada a sustituir practicas negativas para el medio ambiente mediante un
mecanismo de compensación por el cuidado que puedan ejercer los ciudadanos
poseedores o dueños legítimos de predios priorizados que ofrezcan servicios
ambientales o ecosistémicos.

   

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