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https://www.catorce6.com/investigacion/11738-las-razones-de-la-historica-decision-de-la-corte-que-declaro-al-rio-atrato-sujeto-de-derechos

EDITORIAL

Una Política Ambiental para Colombia, el SINA le fallo al Chocó.

 En el año de 1991, el CONPES 2544 de 1991,  señaló que: “Colombia registra, en forma paralela a su dinámico crecimiento económico y social, un deterioro ambiental particularmente preocupante. Los patrones desordenados de ocupación del territorio han causado la deforestación de ecosistemas frágiles; el deterioro de islas y archipiélagos; en la contaminación de las aguas, la atmósfera y los suelos. La tala de los bosques y el mal uso de las tierras han traído como consecuencia, la degradación de los mejores suelos del país; la sedimentación de cuerpos de agua; la disminución de la vida útil del os puertos y embalses; las alteraciones en el caudal y la calidad de las fuetes de agua; los deslizamientos; y la pérdida importante de recursos biológicos. El acelerado crecimiento urbano también ha sido ambientalmente costoso, La incidencia de enfermedades respiratorias y gastrointestinales en los cetros urbanos ha aumentado y los problemas de salud relacionados con el deterioro del ambiente cada vez son más graves. “

Como respuesta a ese vacío institucional  el CONPES definió los lineamientos de lo que sería el Sistema Nacional Ambiental que luego se concretó en  los principios, definiciones y orientaciones de la Ley 99 de 1993.

Pero hoy en día vale la pena detenerse y preguntarse ¿qué pasó con la implementación de está política ambiental? Desafortunadamente 23 años después de expedida la Ley 99 de 1993, se emite el fallo de revisión de acción de tutela bajo el número T- 622 de 2016, que se ha dado a conocer como el fallo que reconoce personería jurídica al Río Atrato. El Sistema Nacional Ambiental –SINA-, le fallo al Chocó.

En este fallo, la Corte Constitucional juzga duramente el fracaso de las acciones implementadas no solo por los miembros del SINA, sino que va mucho más allá al declarar la violación de los derechos fundamentales a la vida, la salud la seguridad alimentaria, al medio ambiente, la cultura y al territorio de las comunidades étnicas que habitan la cuenca del Río Atrato, por la conducta omisiva de:  la Presidencia de la República, Ministerio de Interior, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Agricultura, Departamento para la Prosperidad Social, Departamento Nacional de Planeación, Agencia Nacional de Minería, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Instituto Nacional de Salud, Departamentos de Chocó y Antioquia, Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó -Codechocó-, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá -Corpourabá-, Policía Nacional – Unidad contra la Minería Ilegal, y los municipios de Acandí, Bojayá, Lloró, Medio Atrato, Riosucio, Quibdó, Río Quito, Unguía, Carmen del Darién, Bagadó, Carmen de Atrato y Yuto -Chocó-, y Murindó, Vigía del Fuerte y Turbo -Antioquia-), al no proveer una respuesta institucional idónea, articulada, coordinada y efectiva para enfrentar los múltiples problemas históricos, socioculturales, ambientales y humanitarios que aquejan a la región y que en los últimos años se han visto agravados por la realización de actividades intensivas de minería ilegal.

La Corte Constitucional, luego de hacer un análisis juicioso del material probatorio que se recopiló durante el proceso constató el total deterioro en que se encuentra el Río Atrato y las comunidades que habitan en su cuenca, y concluyó que: “las acciones tomadas por las entidades estatales competentes, tanto del nivel local como del nivel nacional, en su mayoría han sido asistencialistas y aisladas, sin mayor coordinación respecto de garantizar el cuidado, mantenimiento o recuperación de la cuenca del río Atrato y sus afluentes, como se pudo evidenciar en la falta de respuesta a estas inquietudes por parte de la Gobernación de Chocó, o en el reconocimiento de falta de personal y capacidad administrativa de Codechocó; tal y como fue corroborado por la Procuraduría regional de Chocó, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General en la inspección judicial realizada en la zona de ocurrencia de los hechos en donde la Corte pudo constatar, como ya ha sido referido en los fundamentos 9.14 a 9.17, que todas estas afirmaciones son ciertas y que la cuenca del río Atrato está bajo grave amenaza por la realización de actividades mineras ilegales”[1]

En la sentencia, la misma Corte Constitucional reconoce los esfuerzos del Gobierno y de las instituciones de orden local y nacional para afrontar la problemática derivada del deterioro ambiental causado por la minería ilegal y otros problemas estructurales pero resalta que:  “ha constatado que éstas en la realidad (en las regiones, en los hechos) han perdido su efecto vinculante y se han convertido en lo que la doctrina ha calificado como “la eficacia simbólica del derecho””[2]

La Corte Constitucional,  trae de presente la necesidad de actualizar la legislación minera a las necesidades ambientales y sociales del país, recordando que de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 1382 de 2010 se derivó la obligación de expedir una nueva regulación minera que siga los lineamientos que en su momento indicó la Corte Constitucional; y nuevamente, ahora la Corte Constitucional, destaca la necesidad de fortalecer las instituciones regionales y locales para lograr una explotación sostenible de los recursos naturales, aunque no sólo desde el punto de eficiencia  sino exigiendo un enfoque que propenda por la protección de la biodiversidad, el medio ambiente, los derechos de las comunidades y la protección de la cultura.

La Corte, pone el dedo en la llaga cuando denuncia la falta de una regulación pública del comercio del oro, la  falta de información precisa y confiable el Estado, sobre un censo minero regional, la  información sobre la frecuencia, planeación y coordinación de las acciones y operativos adelantados para combatir la minería ilegal, todo esto bajo una política de implementación, seguimiento y control a largo plazo.

Ante la grave situación de la comunidad que habita la cuenca del río Atrato y sus afluentes, la Corte Constitucional decide reconocer la cuenca del río y sus afluentes como una entidad sujeto de derechos  a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas.

La tutoría y representación legal de los derechos del río será ejercida por el Gobierno Nacional a través del Presidente de la República deberá designar su representante, cuya primera obligación será crear una comisión de guardianes del río Atrato. El cumplimiento de las ordenes emanadas del fallo de revisión de acción de tutela estará en manos de un “panel de expertos” que podrá supervisar, acompañar y asesorar las labores de los guardianes del río Atrato.

[1] Colombia Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión T- 622 DE 2017. Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio

[2] Ibídem pág.. 147

La Corte Constitucional ordena la expedición de una serie de planes así:

  • Plan para descontaminar las fuentes hídricas del Chocó, comenzando por la cuenca del río Atrato y sus afluentes, los territorios ribereños, recuperar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región, la responsabilidad de emitir y ejecutar dicho plan se encuentra en cabeza de: “el Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Defensa, a Codechocó y Corpourabá, a las Gobernaciones de Chocó y Antioquia, y a los municipios demandados -con el apoyo técnico del Instituto Humboldt, las Universidades de Antioquia y Cartagena, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, WWF Colombia y las demás organizaciones nacionales e internacionales que determine la Procuraduría General de la Nación- y en conjunto con las comunidades étnicas accionantes”[3]
  • Plan de acción conjunto para neutralizar y erradicar definitivamente las actividades de minería ilegal que se realicen no solo en el río Atrato y sus afluentes, sino también en el departamento de Chocó, en cabeza de: el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional – Unidad contra la Minería Ilegal, al Ejército Nacional de Colombia,  la Fiscalía General de la Nación,  las gobernaciones de Chocó y Antioquia y  los municipios demandados, en conjunto con las comunidades étnicas accionantes y con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores,.
  • Plan de acción integral que permita recuperar las formas tradicionales de subsistencia y alimentación, en cabeza del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Hacienda, el Departamento de Planeación Nacional, el Departamento para la Prosperidad Social, las Gobernaciones de Chocó y Antioquia y los municipios accionados de manera concertada con las comunidades étnicas accionantes.
  • Realizar estudios toxicológicos y epidemiológicos del río Atrato, sus afluentes y comunidades en los que se determine el grado de contaminación por mercurio y otras sustancias tóxicas, y la posible afectación en la salud humana de las poblaciones, consecuencia de las actividades de minería que usan estas sustancia, en cabeza del Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud, a Codechocó y Corpourabá -con el apoyo y la supervisión del Instituto Humboldt, las Universidades de Antioquia y Cartagena, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico y WWF Colombia-
  • Seguimiento y cumplimiento de todas las ordenes emanadas de la sentencia, en cabeza de la Procuraduría Nacional de la Nación quien rendirá informes y estará bajo la supervisión general del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (juez de primera instancia en el trámite de tutela.
  • Se exhorta al Gobierno nacional, en cabeza del Presidente de la República, para que dé efectivo cumplimiento a las recomendaciones contenidas en la resolución 64 de 2014 y proceda a conformar en un período no superior a un (1) mes a partir de la notificación de esta providencia, la “Comisión Interinstitucional para el Chocó”.
  • El Gobierno nacional, a través del Presidente de la República, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación deberá ADOPTAR las medidas adecuadas y necesarias para asegurar los recursos suficientes y oportunos, que permitan la sostenibilidad y progresividad de todas las medidas a implementar para dar cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia. Para tal efecto, deberán preverse anualmente las partidas presupuestales del caso, con arreglo a la alta complejidad y el carácter estructural de las medidas ordenadas.

[3] Ibídem. pág. 155

Este fallo, denota el fracaso de la política ambiental en el Chocó donde no se han protegido siquiera los derechos fundamentales a la vida y la salud, el país no puede permitir que la protección de sus recursos naturales tenga que ser emitida a través de fallos judiciales, que crean instituciones, establecen ordenes, e imponen obligaciones presupuestarias al margen de una planeación ordenada del desarrollo y del territorio, es hora de que la sociedad le exija a la cabeza del Sistema Nacional Ambiental, la formulación de políticas ambientales que aseguren la implementación de programas y planes para la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables que  recupere su liderazgo al emitir los  criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes y fijar los planes y programas incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué se puede esperar de un Ministerio que cambia de Ministro en promedio cada año y medio, desde los últimos 12 años?

 NORMAS NACIONALES

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Resolución número 0706 de 2017.

MADS  actualiza la zonificación de los manglares vallecaucanos, sector Isla de Leoncico entre los esteros El Piñal y Aguacate ubicada en jurisdicción del Establecimiento Público Ambiental de Buenaventura (EPA) Buenaventura. Esta medida tiene lugar para  permitir desarrollar el proyecto de la Sociedad Portuaria Energética Multipropósito Puerto Solo en Buenaventura.

Resolución número 0750 de 2017.

Con el fin de adaptar los términos de referencia para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), requeridos para la obtención de la licencia ambiental de los proyectos de construcción de líneas férreas,  a los términos de la ley 1682 de 2013, llamada Ley de Infraestructura, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adiciona los términos de referencia para que abarquen la fase de factibilidad y contenga los  lineamientos del manual de compensación por pérdida de biodiversidad y demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales para aprovechamiento forestal y emisiones atmosféricas.

Resolución número 0751 de 2017.

La norma adopta los términos de referencia para la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), para las nuevas plantas de beneficio de oro por fuera de títulos mineros y la reubicación de las existentes, como herramienta para el desarrollo de los objetivos de la ley 1658 de 2013, por medio de la cual se establecen disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en las diferentes actividades industriales del país, se fijan requisitos e incentivos para su reducción y eliminación.

Resolución número 0768 de 2017.

El Ministerio expide la Guía Técnica para la Ordenación y Manejo Integrado de la Zona Costera, que debe servir de referente obligatorio a las Autoridades Ambientales competentes para que desarrollen cada una de las fases del proceso de es­tructuración de los Planes de Ordenación y Manejo Integrado de las Unidades Ambientales Costeras (Pomiuac), definidas en el Decreto número 1076 de 2015.

Ministerio de Salud y Protección Social

Resolución No. 980 de 2017

El Ministerio de Salud, en atención a la dificultad de algunos aportantes de reportar a los operadores las novedades laborales se vio en la necesidad de  modificar unos campos de los Anexos Técnicos números 2 y 3 de la Resolución número 2388 de 2016, modificada por la Resolución número 5858 de 2016 y en ese sentido señalar que el aportante deberá actualizar la información en los meses de julio enero previo a la liquidación de la planilla y a partir de enero de 2018 todo aportante deberá realizar la actualización  anualmente.

Ministerio de Trabajo

Decreto No 600 de 2017

Esta norma reglamenta la prestación humanitaria periódica para las víctimas del conflicto armado, de que trata e l artículo 46 de la Ley 418 de 1997 en ese sentido adiciona al Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 un Capítulo 5º.  La reglamentación aplica  las víctimas que con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 418 de 1997, es decir el 26 de diciembre de 1997, hubieren sufrido una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% como consecuencia de un acto de violencia suscitado en el marco del conflicto armado interno.

Resolución No.  1178 de 2017

Se establecen los requisitos técnicos y de seguridad para proveedores del servicio de capacitación y entrenamiento en Protección contra Caídas en Trabajo en Alturas y aplica a las Instituciones de Educación Superior con programas en Seguridad y Salud en el Trabajo debidamente aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional, las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano con certificación en Sistemas de Gestión de la Calidad para instituciones de formación para el trabajo, las personas naturales y jurídicas con licencia en salud ocupacional que oferten programas de trabajo en alturas, las Cajas de Compensación Familiar, el Sena y las Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa.

La reglamentación establece que para acreditar todos los requisitos que la norma establece,  es deber de los centros de capacitación y entrenamiento estar contar con la Certificación de Calidad otorgada por una entidad acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) y estar registrados ante el Ministerio de Trabajo.

Adicionalmente se consagra que los proveedores de capacitación y entrenamiento en Protección contra Caídas en Trabajo en Alturas que otorguen certificados, deberán remitir al Ministerio del Trabajo – Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo o quien haga sus veces, el listado y la información pertinente respecto de las personas que cursaron y aprobaron los programas respectivos. El certificado que no esté registrado ante la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo no podrá ser acreditado por el Ministerio y en ese caso, el proveedor del servicio de formación asumirá la responsabilidad por los perjuicios que lleguen a ocasionarse al trabajador por esta omisión.

Ministerio de Transporte

Resolución No. 0000850 de 2017

Se establecen las condiciones técnicas de operación de los puertos marítimos y de aquellos puertos fluviales con vocación marítima ubicados en los últimos 30 kilómetros del río Magdalena, con el propósito de optimizar la eficiencia y eficacia en las operaciones que se ejecuten en la infraestructura del sector portuario.

Decreto No. 602 de 2017

Con el fin de regular la  gestión del riesgo de desastres en el Sector Transporte se adiciona la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015 y se reglamentan los artículos 84 de la Ley 1523 de 2012 y 12 y 63 de la Ley 1682 de 2013, en relación con y se dictan otras disposiciones.

Ministerio de Minas y Energía

Resolución  No. 31351 de 2017

Modifica la Resolución 31 348 del 24 de julio de 2015, en relación con el Sistema de Información de Combustibles (Sicom).

 Agencia Nacional de Minería

Resolución No. 208 de 2017.

Esta Resolución tiene por objeto establecer los criterios que permitan determinar la capacidad eco­nómica de los comercializadores de minerales y plantas de beneficio que presenten o hayan presentado solicitud de inscripción o renovación en el Rucom.

NORMAS  REGIONALES

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Acuerdo No 009 de 2017

La Corporación  fija el factor regional para las cuencas y tramos de cuenca de segundo orden que forman parte de la jurisdicción de la CAR, para el periodo de facturación 2016 de la tasa retributiva.

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena

Resolución No. 374 de 2017.

La autoridad ambiental fija la tarifa mínima de la Tasa Retributiva (TR) en el área de Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (“CAM”) para la vigencia 2017.

Resolución No. 0375 de 2017

Esta norma determina  la tarifa de la Tasa por Utilización de Aguas Superficiales y Subterráneas en el área de Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (“CAM”) para la vigencia 2017.

Secretaría Distrital de Ambiente

Resolución No. 00763 de 2017

 La autoridad ambiental acoge  la evaluación de cumplimiento de metas globales de cargas contaminantes para las cuencas de los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo período anual 2015, se fija el factor regional de los mismos.

Resolución No. 00836 de 2017

Esta norma acoge la evaluación de cumplimiento de metas globales de cargas contaminantes para las cuencas de los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo período anual 2016, se fija el factor regional de los mismos.

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Resolución 0100 No. 7000 0235 del 18 de abril de 2017.

En desarrollo de lo dispuesto por la Ley 1333 de 2009, la CVC conforma el Comité Corporativo de Fauna y Flora Silvestre,  como instancia de coordinación multidisciplinaria en la planificación del conocimiento que oriente la formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas, proyectos, regulaciones para la prevención y control del tráfico ilegal de especies silvestres de fauna y flora en el área de jurisdicción de la Corporación.  

Corporación Autónoma Regional de Boyacá- CORPOBOYACA-

Resolución No. 1310 del 7 abril de 2017

 Mediante esta norma la autoridad ambiental pretende la regulación del impacto ambiental generado por la acuicultura en jaulas en el lago de Tota.

 

 



[1] Colombia Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión T- 622 DE 2017. Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio

[2] Ibídem pág.. 147

[3] Ibídem. pág. 155

   

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