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EDITORIAL
Tiempo de empoderamiento de la Participación Ciudadana. Con ocasión de
Sentencia T-361 de 2017 sobre delimitación del páramo de Santurbán.
Desde sus primeras sentencias la Corte Constitucional destacó la importancia de
la participación en el ordenamiento constitucional, en sentencia T- 540 de 1992
destacó:
“La democracia participativa como principio, finalidad y forma
de gobierno (CP Preámbulo, arts. 1 y 2) exige la intervención
de los ciudadanos en todas las actividades confiadas a los
gobernantes para garantizar la satisfacción de las necesidades
crecientes de la población. Sin la participación activa de los
ciudadanos en el gobierno de los propios asuntos, el Estado se
expone a una pérdida irrecuperable de legitimidad como
consecuencia de su inactividad frente a las cambiantes y
particulares necesidades de los diferentes sectores de la
sociedad.” Subrayado fuera del texto original.
La democracia participativa es fuente de legitimidad de las decisiones, según la
teoría constitucional: “La democracia participativa o democracia directa, por su
parte, consiste en la ampliación de los espacios democráticos para otorgar al
pueblo la posibilidad no solo de elegir a sus mandatarios, sino también de
participar más directa y frecuentemente en la toma de decisiones que afecten a la
comunidad”.1
Bajo la perspectiva de la implementación de las políticas de promoción de la
participación ciudadana nuestro país se encuentra en un momento histórico para
que el Estado colombiano defina, en el marco de una verdadera gobernanza, los
arreglos institucionales, empresariales, ambientales y sociales necesarios para
que las actividades productivas y las de protección al medio ambiente no sean
rechazadas en los territorios, sino que por el contrario sean elegidos con la
suficiente información y capacidad de decisión, y es allí donde el rol de la
participación ciudadana cobra vital importancia para el desarrollo de la industria,
de la comunidad y de la verdadera protección del medio ambiente.
1 Naranjo, Vladimiro. Teoría constitucional e instituciones políticas, Temis, Octava Edición, Bogotá,

Desde el la entidad estatal se puede empoderar a las comunidades para que
estas construyan su propio destino dentro del marco de la convivencia y la
legalidad, de esa manera la participación será efectiva. En palabras de profesor
Gustavo Wilches: “Participar en las decisiones significa asumir co-responsabilidad
sobre las consecuencias de esas decisiones, ya sea que estas resulten acertadas
o que generen problemas”2.
Decisiones como la que anunciada por la Corte Constitucional en sentencia T- 361
de 20173 al declarar la prevalencia del derecho a la participación ciudadana
respecto del proceso de declaración de la delimitación del páramo de Santurbán
indican que el camino de involucrar la participación ciudadana en la toma de
decisiones que impactan a la comunidad hasta ahora está en proceso y exige por
parte de todos los actores su reconocimiento desde momento de diseñar las
políticas y definir la pre factibilidad de los proyectos y planes de desarrollo de los
entes territoriales con el fin de evitar este tipo de traspiés que mal direccionados
pueden llegar a deslegitimar la protección al derecho fundamental a la
participación ciudadana.

NORMAS NACIONALES
Ministerio del Interior
Decreto 1696 de 2017
La norma tiene como objeto modificar, actualizar y ampliar el marco de acción de
la Comisión para el Desarrollo Integral de la Política Indígena del departamento
del Cauca, creada mediante el Decreto número 982 de 1999, como parte del
cumplimiento por parte del Gobierno Nacional de los compromisos adquiridos con
esta población.
2 Ibídem pag. 17
3 Colombia Corte Constitucional T- 361 de 2017 Magistrado Ponente; Alberto Rojas Ríos:” El
ejercicio de la función mencionada contará con la apertura de verdaderos espacios de diálogo
efectivo y significativo con la población, escenarios en que se busque su consentimiento libre e
informado para las decisiones administrativas objeto de debate. La participación no se agota con la
socialización o la información, puesto que ese fenómeno requiere de la construcción de un
consenso razonado para salir de una crisis o conflicto ambiental. Así, no se considera participación
cuando las autoridades convocan a la comunidad para que escuche una delimitación del páramo
que ya adoptó.”

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Decreto 1573 de 2017
Se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, con el fin de designar al
Complejo de Humedales Lagos de Tarapoto para ser incluido en la lista de
Humedales de Importancia Internacional Ramsar, en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley 357 de 1997.
Decreto No. 1682 de 2017
Modifica la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se
determinan las funciones de sus dependencias.
Decreto No. 1655 de 2017
Adiciona Decreto número 1076 de 2015, en cinco nuevas secciones encaminadas
a fortalecer la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información
Forestal, el Inventario Forestal Nacional y el Sistema de Monitoreo de Bosques y
Carbono que hacen parte del Sistema de Información Ambiental para Colombia.
Resolución No. 1988 de 2017
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopta las metas ambientales,
las metas indicativas de eficiencia energética dentro de las que se deben
enmarcar las acciones y medidas señaladas en el Plan de Acción Indicativo – PAI
2017-2022 para desarrollar el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía
(PROURE , que pretendan optar por la exclusión del Impuesto sobre las Ventas –
IVA.

Resolución No. 1979 de 2017
Adopta la Guía Técnica para la Ordenación, Ordenamiento y Planificación
Ambiental de la Unidad Ambiental Costera Caribe Insular, referente obligatorio a
efectos de que sea tenido en cuenta en el Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina para la elaboración del Plan de Ordenación
y Manejo integrado de la Unidad Ambiental Costera Insular (Pomiuac) Insular.

Unidad de Planeación Minero-Energética
Resolución No 585 de 2017
Establece el procedimiento para conceptuar sobre los proyectos de eficiencia
energética/gestión eficiente de la energía que se presenten para acceder al
beneficio tributario de que trata el literal d) del artículo 1.3.1.14.7 del Decreto 1625
de 2016.
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
Resolución No. 0002221 de 2017
Delata las áreas exclusivas para administración y manejo racional del recurso
pesquero en cuatro Ciénagas, San Rafael de Chucurí y Bocas del Carare,
Magdalena Medio.
Resolución No. 02110 de 2017
Establece los requisitos y el procedimiento para la expedición del permiso de
pesca comercial artesanal a persona natural y jurídica en el territorio nacional.
Resolución No. 0002111 de 2017
Adopta el acuerdo espacio temporal para la pesca de Camarón de Aguas
Profundas (CAP), implementado en el marco del proceso de Ordenación Pesquera
del Distrito Regional de Manejo Integrado Golfo de Tribugá – Cabo Corrientes
(DRMI – GTCC), municipio de Nuquí, departamento del Chocó.
NORMAS REGIONALES
Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Resolución Metropolitana D002347 de 2017
Por medio de la cual se evalúa el cumplimiento de la meta global de carga
contaminante, se ajusta el factor regional período mayo 15 de 2016 a mayo 14 de
2017.

Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Resolución 3977 de 2017
Mediante esta norma CORPOBOYACA adopta la metodología para la
identificación y delimitación de áreas de importancia estratégica para la
conservación del recurso hídrico en el área de su jurisdicción.
Resolución 1515 de 2017
La Corproación aprueba el Incremento del factor regional para liquidación y
facturación para el primer año del segundo quinquenio y primer quinquenio (1 de
enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020) de la Cuenca Alta y Medía del Rio
Chicamocha, respectivamente del Acuerdo 027 de 2015; primer año del primer
quinquenio (1 de enero de 2016 at 31 de diciembre de 2020) de la cuenca del Rio
Lengupá del Acuerdo 026 de 2015; segundo año del primer quinquenio (1 de
enero de 2015 at 30 de diciembre de 2019) de la Subcuenca Sutamarchán –
Moniquirá y Suarez AD del Acuerdo 021 de 2014; y para el resto de cuencas de la
jurisdicción de Corpoboyacá para el periodo comprendido entre el 1 de enero de
2016 hasta el 31 de diciembre de 2016.

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Acuerdo No. 27 de 2017
La CAR declara, reserva, delimita y alindera el Parque Natural Regional Vista
Hermosa de Monquentiva y se dictan normas para su administración y manejo
sostenible.
Resolución No. 2971 de 2017.
Establece las condiciones básicas para la imposición de las medidas de
compensación, por los impactos no mitigables generados por el uso de los
recursos naturales renovables, en el marco de las licencias, permisos y
autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR), y reglamenta el desarrollo de los Bancos de Servicios
Ambientales Comunitarios y los bancos municipales de aguas -BAMAS- .

Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO
Resolución 1135 de 2017
CORPONARIÑO adopta las medidas de protección ambiental en la Reserva
Forestal Protectora Regional áreas Circundante Volcán Azufral, entre las cuales se
decretó el cierre temporal de la reserva a partir del 2 de octubre de 2017 y crea un
comité comunitario e institucional para la Conservación de la Reserva.
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
Resolución 0100 No. 0700-0585 de 2017,
Establece los profesionales, número de visitas, duración de cada visita y duración
del procedimiento para liquidar y cobrar las tarifas de los servicios de evaluación y
seguimiento de la aprobación del programa uso eficiente y ahorro del agua-
PUEAA; de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos–PSMV, de los
planes de contingencia para manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias
nocivas; y de la certificación ambiental para la actividad de desintegración
vehicular.
JURISPRUDENCIA
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado sobre la consulta
hecha por el Ministerio de Interior:
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronunció el pasado
día 06 de septiembre de 2017 respecto a la consulta formulada por el Ministerio
del Interior concerniente a la competencia de los inspectores de policía para
adelantar diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces tras la expedición
del Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016.
La consulta surgía por la contradicción que existía entre el artículo 38 del Código
General del Proceso, Ley 1564 de 2012, y el parágrafo 1° del artículo 206 del
Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016. El primero señalaba
que los jueces podían comisionar a “los alcaldes y demás funcionarios de policía”,
por lo cual era diáfano inferir que los inspectores de policía eran competentes. Sin
embargo, en el segundo se expresa de manera tajante que los inspectores de
policía “no ejercerán funciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales por
comisión de los jueces”.

De este modo, la Sala de Consulta y Servicio Civil consideró que al expedirse y
estar vigente la disposición ya referida del Código Nacional de Policía y
Convivencia se derogó tácita y parcialmente el artículo 38 del Código General del
Proceso tras hacer una aplicación del criterio de especialidad. Este criterio es
usado cuando hay un conflicto normativo sobre una misma materia entre una
norma general y otra especial, por lo cual debe prevalecer la disposición especial.
Por consiguiente, los inspectores de policía dejaron de tener la competencia para
realizar diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces a partir de la
entrada en vigencia del parágrafo 1° del artículo 206 del Código Nacional de
Policía y Convivencia. Siguiendo esta línea, la Sala también dejó claro que todo
despacho comisorio en el cual se inició diligencia judicial antes de la entrada en
vigencia de esta norma, todavía podrá ser adelantada por inspectores de policía.

   

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