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Informativo Legal 79




EDITORIAL

Tiempo de empoderamiento de la Participación Ciudadana. Con ocasión de

Sentencia T-361 de 2017 sobre delimitación del páramo de Santurbán.

Desde sus primeras sentencias la Corte Constitucional destacó la importancia de

la participación en el ordenamiento constitucional, en sentencia T- 540 de 1992

destacó:

“La democracia participativa como principio, finalidad y forma

de gobierno (CP Preámbulo, arts. 1 y 2) exige la intervención

de los ciudadanos en todas las actividades confiadas a los

gobernantes para garantizar la satisfacción de las necesidades

crecientes de la población. Sin la participación activa de los

ciudadanos en el gobierno de los propios asuntos, el Estado se

expone a una pérdida irrecuperable de legitimidad como

consecuencia de su inactividad frente a las cambiantes y

particulares necesidades de los diferentes sectores de la

sociedad.” Subrayado fuera del texto original.

La democracia participativa es fuente de legitimidad de las decisiones, según la

teoría constitucional: “La democracia participativa o democracia directa, por su

parte, consiste en la ampliación de los espacios democráticos para otorgar al

pueblo la posibilidad no solo de elegir a sus mandatarios, sino también de

participar más directa y frecuentemente en la toma de decisiones que afecten a la

comunidad”.1

Bajo la perspectiva de la implementación de las políticas de promoción de la

participación ciudadana nuestro país se encuentra en un momento histórico para

que el Estado colombiano defina, en el marco de una verdadera gobernanza, los

arreglos institucionales, empresariales, ambientales y sociales necesarios para

que las actividades productivas y las de protección al medio ambiente no sean

rechazadas en los territorios, sino que por el contrario sean elegidos con la

suficiente información y capacidad de decisión, y es allí donde el rol de la

participación ciudadana cobra vital importancia para el desarrollo de la industria,

de la comunidad y de la verdadera protección del medio ambiente.

1 Naranjo, Vladimiro. Teoría constitucional e instituciones políticas, Temis, Octava Edición, Bogotá,

Desde el la entidad estatal se puede empoderar a las comunidades para que

estas construyan su propio destino dentro del marco de la convivencia y la

legalidad, de esa manera la participación será efectiva. En palabras de profesor

Gustavo Wilches: “Participar en las decisiones significa asumir co-responsabilidad

sobre las consecuencias de esas decisiones, ya sea que estas resulten acertadas

o que generen problemas”2.

Decisiones como la que anunciada por la Corte Constitucional en sentencia T- 361

de 20173 al declarar la prevalencia del derecho a la participación ciudadana

respecto del proceso de declaración de la delimitación del páramo de Santurbán

indican que el camino de involucrar la participación ciudadana en la toma de

decisiones que impactan a la comunidad hasta ahora está en proceso y exige por

parte de todos los actores su reconocimiento desde momento de diseñar las

políticas y definir la pre factibilidad de los proyectos y planes de desarrollo de los

entes territoriales con el fin de evitar este tipo de traspiés que mal direccionados

pueden llegar a deslegitimar la protección al derecho fundamental a la

participación ciudadana.

NORMAS NACIONALES

Ministerio del Interior

Decreto 1696 de 2017

La norma tiene como objeto modificar, actualizar y ampliar el marco de acción de

la Comisión para el Desarrollo Integral de la Política Indígena del departamento

del Cauca, creada mediante el Decreto número 982 de 1999, como parte del

cumplimiento por parte del Gobierno Nacional de los compromisos adquiridos con

esta población.

2 Ibídem pag. 17

3 Colombia Corte Constitucional T- 361 de 2017 Magistrado Ponente; Alberto Rojas Ríos:” El

ejercicio de la función mencionada contará con la apertura de verdaderos espacios de diálogo

efectivo y significativo con la población, escenarios en que se busque su consentimiento libre e

informado para las decisiones administrativas objeto de debate. La participación no se agota con la

socialización o la información, puesto que ese fenómeno requiere de la construcción de un

consenso razonado para salir de una crisis o conflicto ambiental. Así, no se considera participación

cuando las autoridades convocan a la comunidad para que escuche una delimitación del páramo

que ya adoptó.”

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Decreto 1573 de 2017

Se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, con el fin de designar al

Complejo de Humedales Lagos de Tarapoto para ser incluido en la lista de

Humedales de Importancia Internacional Ramsar, en cumplimiento de lo dispuesto

en la Ley 357 de 1997.

Decreto No. 1682 de 2017

Modifica la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se

determinan las funciones de sus dependencias.

Decreto No. 1655 de 2017

Adiciona Decreto número 1076 de 2015, en cinco nuevas secciones encaminadas

a fortalecer la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información

Forestal, el Inventario Forestal Nacional y el Sistema de Monitoreo de Bosques y

Carbono que hacen parte del Sistema de Información Ambiental para Colombia.

Resolución No. 1988 de 2017

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopta las metas ambientales,

las metas indicativas de eficiencia energética dentro de las que se deben

enmarcar las acciones y medidas señaladas en el Plan de Acción Indicativo – PAI

2017-2022 para desarrollar el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía

(PROURE , que pretendan optar por la exclusión del Impuesto sobre las Ventas –

IVA.

Resolución No. 1979 de 2017

Adopta la Guía Técnica para la Ordenación, Ordenamiento y Planificación

Ambiental de la Unidad Ambiental Costera Caribe Insular, referente obligatorio a

efectos de que sea tenido en cuenta en el Departamento Archipiélago de San

Andrés, Providencia y Santa Catalina para la elaboración del Plan de Ordenación

y Manejo integrado de la Unidad Ambiental Costera Insular (Pomiuac) Insular.

Unidad de Planeación Minero-Energética

Resolución No 585 de 2017

Establece el procedimiento para conceptuar sobre los proyectos de eficiencia

energética/gestión eficiente de la energía que se presenten para acceder al

beneficio tributario de que trata el literal d) del artículo 1.3.1.14.7 del Decreto 1625

de 2016.

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

Resolución No. 0002221 de 2017

Delata las áreas exclusivas para administración y manejo racional del recurso

pesquero en cuatro Ciénagas, San Rafael de Chucurí y Bocas del Carare,

Magdalena Medio.

Resolución No. 02110 de 2017

Establece los requisitos y el procedimiento para la expedición del permiso de

pesca comercial artesanal a persona natural y jurídica en el territorio nacional.

Resolución No. 0002111 de 2017

Adopta el acuerdo espacio temporal para la pesca de Camarón de Aguas

Profundas (CAP), implementado en el marco del proceso de Ordenación Pesquera

del Distrito Regional de Manejo Integrado Golfo de Tribugá - Cabo Corrientes

(DRMI - GTCC), municipio de Nuquí, departamento del Chocó.

NORMAS REGIONALES

Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Resolución Metropolitana D002347 de 2017

Por medio de la cual se evalúa el cumplimiento de la meta global de carga

contaminante, se ajusta el factor regional período mayo 15 de 2016 a mayo 14 de

2017.

Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Resolución 3977 de 2017

Mediante esta norma CORPOBOYACA adopta la metodología para la

identificación y delimitación de áreas de importancia estratégica para la

conservación del recurso hídrico en el área de su jurisdicción.

Resolución 1515 de 2017

La Corproación aprueba el Incremento del factor regional para liquidación y

facturación para el primer año del segundo quinquenio y primer quinquenio (1 de

enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020) de la Cuenca Alta y Medía del Rio

Chicamocha, respectivamente del Acuerdo 027 de 2015; primer año del primer

quinquenio (1 de enero de 2016 at 31 de diciembre de 2020) de la cuenca del Rio

Lengupá del Acuerdo 026 de 2015; segundo año del primer quinquenio (1 de

enero de 2015 at 30 de diciembre de 2019) de la Subcuenca Sutamarchán –

Moniquirá y Suarez AD del Acuerdo 021 de 2014; y para el resto de cuencas de la

jurisdicción de Corpoboyacá para el periodo comprendido entre el 1 de enero de

2016 hasta el 31 de diciembre de 2016.

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Acuerdo No. 27 de 2017

La CAR declara, reserva, delimita y alindera el Parque Natural Regional Vista

Hermosa de Monquentiva y se dictan normas para su administración y manejo

sostenible.

Resolución No. 2971 de 2017.

Establece las condiciones básicas para la imposición de las medidas de

compensación, por los impactos no mitigables generados por el uso de los

recursos naturales renovables, en el marco de las licencias, permisos y

autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación Autónoma Regional de

Cundinamarca (CAR), y reglamenta el desarrollo de los Bancos de Servicios

Ambientales Comunitarios y los bancos municipales de aguas -BAMAS- .

Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO

Resolución 1135 de 2017

CORPONARIÑO adopta las medidas de protección ambiental en la Reserva

Forestal Protectora Regional áreas Circundante Volcán Azufral, entre las cuales se

decretó el cierre temporal de la reserva a partir del 2 de octubre de 2017 y crea un

comité comunitario e institucional para la Conservación de la Reserva.

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Resolución 0100 No. 0700-0585 de 2017,

Establece los profesionales, número de visitas, duración de cada visita y duración

del procedimiento para liquidar y cobrar las tarifas de los servicios de evaluación y

seguimiento de la aprobación del programa uso eficiente y ahorro del agua-

PUEAA; de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos–PSMV, de los

planes de contingencia para manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias

nocivas; y de la certificación ambiental para la actividad de desintegración

vehicular.

JURISPRUDENCIA

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado sobre la consulta

hecha por el Ministerio de Interior:

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronunció el pasado

día 06 de septiembre de 2017 respecto a la consulta formulada por el Ministerio

del Interior concerniente a la competencia de los inspectores de policía para

adelantar diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces tras la expedición

del Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016.

La consulta surgía por la contradicción que existía entre el artículo 38 del Código

General del Proceso, Ley 1564 de 2012, y el parágrafo 1° del artículo 206 del

Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016. El primero señalaba

que los jueces podían comisionar a “los alcaldes y demás funcionarios de policía”,

por lo cual era diáfano inferir que los inspectores de policía eran competentes. Sin

embargo, en el segundo se expresa de manera tajante que los inspectores de

policía “no ejercerán funciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales por

comisión de los jueces”.

De este modo, la Sala de Consulta y Servicio Civil consideró que al expedirse y

estar vigente la disposición ya referida del Código Nacional de Policía y

Convivencia se derogó tácita y parcialmente el artículo 38 del Código General del

Proceso tras hacer una aplicación del criterio de especialidad. Este criterio es

usado cuando hay un conflicto normativo sobre una misma materia entre una

norma general y otra especial, por lo cual debe prevalecer la disposición especial.

Por consiguiente, los inspectores de policía dejaron de tener la competencia para

realizar diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces a partir de la

entrada en vigencia del parágrafo 1° del artículo 206 del Código Nacional de

Policía y Convivencia. Siguiendo esta línea, la Sala también dejó claro que todo

despacho comisorio en el cual se inició diligencia judicial antes de la entrada en

vigencia de esta norma, todavía podrá ser adelantada por inspectores de policía.

 

 

Excerpt: Tiempo de empoderamiento de la Participación Ciudadana. Con ocasión de la Sentencia T-361 de 2017 sobre delimitación del páramo de Santurbán. Desde sus primeras sentencias la Corte Constitucional destacó la importancia de la participación en el ordenamiento constitucional, en sentencia T- 540 de 1992


Post date: 2018-03-13 20:28:54
Post date GMT: 2018-03-13 20:28:54
Post modified date: 2018-03-23 19:23:22
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