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Editorial

https://Ilustración https://www.bioecoactual.com/2017/09/19/ecologistas-historicos-berta-caceres/

ACUERDO DE ESCAZU

«Nos ha costado mucho entender que la conservación y el ambiente no valen nada sin la gente (…) No podemos sacrificar a la gente en aras de la conservación y viceversa. No podemos tener comunidades llenas de agua pero sin trabajo o con trabajo pero sin recursos para la sobrevivencia», expresó el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, quien encabezó el acto de clausura.

https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/131453/firman-acuerdo-de-escazu-para-temas-ambientales

El 4 de marzo de 2018, en la ciudad de Escazú, Costa Rica, 24 países de Latinoamérica y el Caribe, firmaron el acuerdo para la protección de los defensores de los derechos humanos en la región. El acuerdo promueve el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales  en América Latina y el Caribe.

 Entre otras obligaciones, cada estado parte se compromete a  adoptar todas las medidas necesarias, de naturaleza legislativa, reglamentaria, administrativa u otra, en el marco de sus disposiciones internas, para garantizar la implementación del mismo.

 Se destaca, en cuanto al contenido del derecho al acceso a la información la promoción de que cada Parte establezca o designe  uno o más órganos o instituciones imparciales y con autonomía e independencia, con el objeto de promover la transparencia en el acceso a la información ambiental, fiscalizar el cumplimiento de las normas, así como vigilar, evaluar y garantizar el derecho de acceso a la información. El Acuerdo establece que: Cada Parte podrá incluir o fortalecer, según corresponda, las potestades sancionatorias de los órganos o instituciones mencionados en el marco de sus competencias.

En cuanto a los principales retos que se derivan para nuestro país, se resaltan aquellos que tienen que ver con garantizar el acceso s la justicia en asuntos ambientales, en especial la implantación de: i) mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportunos de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan; y ii)  mecanismos de reparación, según corresponda, tales como la restitución al estado previo al daño, la restauración, la compensación o el pago de una sanción económica, la satisfacción, las garantías de no repetición, la atención a las personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar la reparación.

Desde la institucionalidad se espera que se formen las comunidades y se empoderen para ejercer su derecho a la participación, apoyar a las comunidades para que estas construyan su propio destino dentro del marco de la convivencia y la legalidad, de esa manera la participación será efectiva. En palabras de profesor Gustavo Wilches: “Participar en las decisiones significa asumir co-responsabilidad sobre las consecuencias de esas decisiones, ya sea que estas resulten acertadas o que generen problemas.”[1]

 Para acceder al texto del acuerdo: https://treaties.un.org/doc/Treaties/2018/03/20180312%2003-04%20PM/CTC-XXVII-18.pdf

 


[1] WILCHES -CHAUX, Gustavo  Guía para la Promoción y Desarrollo de Procesos Participativos de Gestión Ambiental en el Territorio CAR Contrato N.163 de 2012

 

«Estimados clientes, con el fin de brindarles un mejor servicio, desde ahora en adelante solicite el informativo legal de nuestra firma vía correo electrónico para su remisión. «

   

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