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Editorial.

 Declarada inconstitucional norma que pretendía otorgar mayor vigor a la labor de fiscalización del sector de hidrocarburos.

La Corte Constitucional, C -008 de 2018, declaró inconstitucional los artículos 25 y 26 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 “ todos por un nuevo país”.

Los artículos 25 y 26 contenían las sanciones por la transgresión de las normas sobre distribución de combustible y actualizaban el monto de las multas en el sector de hidrocarburos, estas últimas que pasaban de ser de hasta U$5.000  a ser de dos mil (2.000) y cien mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smmlv), en cada caso, por el incumplimiento de las obligaciones que se establecen en el Código de Petróleos.

Para el Gobierno Nacional las normas declaradas inconstitucionales se soportaban en el objetivo de actualizar y modernizar las multas que ya habían sido creadas por el legislador en el Código de Petróleos y en la Ley 26 de 1989, y lo que se buscaba era establecer unas medidas persuasivas para que los destinatarios no incurrieran en las conductas sancionables.

Para la resolución del caso en concreto, debe tenerse en cuenta que las leyes que aprueban el Plan Nacional de Desarrollo son multiétnicas, están compuestas por una parte general donde se formulan los propósitos, objetivos y metas de la política económica, social y ambiental, en un periodo de 4 años, y un plan de inversiones públicas en donde se determinan los recursos financieros y las normas jurídicas instrumentales para poder llevar a cabo los objetivos generales del Plan, por lo que, por unidad de materia parecería que no les es propio hacer pronunciamientos sobre materias sancionatorias.

Al definir sobre la constitucionalidad, la Corte consideró que no existía conexidad directa e inmediata de las normas acusadas con los objetivos y metas del Plan, por lo tanto, se verificó la falta de unidad de materia, que conllevó la declaratoria de inexequibilidad.

Si bien, el Plan Nacional de Desarrollo Ley 1753 de 2015 por la cual se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 “todos por un nuevo país”, contempló como meta del sector minero energético el aprovechamiento hidrocarburifero responsable, que contribuyera al desarrollo sostenible, y establecía como estrategia fortalecer los controles realizados a las actividades de exploración y producción, promoviendo la adopción de buenas prácticas por parte de los operadores y que en coordinación con los Ministerios pertinentes, se fortalecieran las capacidades de la ANH, la ANLA, DIMAR y las CAR para que el desarrollo del sector de hidrocarburos se siga en armonía con el desarrollo social y con el medio ambiente, la Corte concluyó, que en los artículos 25 y 26 objeto de la demanda, no se contemplaba un procedimiento sancionatorio, ni se establecía claramente el bien jurídico protegido, el Alto Tribunal señaló que en las normas demandadas no se hacía referencia al objetivo de estas sanciones, ni encontró conexidad directa e inmediata con los objetivos o presupuestos generales del Plan.

En su decisión la Corte optó por moderar los efectos del fallo y diferir la inexequibilidad por el término de un (1) año contado a partir de la notificación de la Sentencia, para que se elabore por parte del legislador ordinario la regulación de la renovación de las sanciones y multas que gobiernen la prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos y biocombustibles. Es importante, recordar que esta sentencia fue notificada el 29 de mayo de 2018, por lo cual nos encontramos a pocos meses de la ocurrencia del plazo establecido por la Corte en su sentencia.

   

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