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Ilustración 1 tomado de :https://aristeguinoticias.com/1511/mexico/tamaulipas-ordena-corte-cancelar-construccion-de-parque-en-laguna-del-carpintero/

EDITORIAL

Sentencia de amparo Méxicana aplica el principio de precaución y concede interés legítimo para la  protección al medio ambiente.  Corte Suprema de Justicia de la Nación -CSJN-.  México Amparo en Revisión 307/2016  sesión de 14 de noviembre de 2018.

La Primera Sala de la CSJN, bajo la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández,  señaló que en materia ambiental la persona o comunidad que acude al juicio debe beneficiarse de los servicios ambientales que presta el ecosistema que se estima afectado. No obstante, se reconoció que en ocasiones, demostrar esta relación entre las personas y los servicios ambientales no es una cuestión sencilla, por lo que señaló que una de las formas para poder probar este vínculo, es acreditar que la persona que acude al juicio, habita o utiliza la zona de influencia del ecosistema que se pretende proteger, entendiéndose ésta, como el área geográfica en la cual impactan directamente los servicios ambientales que presta dicho ecosistema.

El fallo concedió la protección constitucional para que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar el proyecto, y se revoquen las licencias, autorizaciones y permisos otorgados para su construcción, así como a la restitución y reparación de la zona de mangle ubicada en el área. 

El objeto análisis de la sentencia es sobre la reclamación por la violación al derecho a un ambiente sano por parte de vecinos de la Laguna del Carpintero en el Municipio de Tampico, Tamaulipas, como consecuencia del desarrollo del proyecto denominado “Parque Ecológico Laguna del Carpintero”, al considerar que se estaba afectando el manglar existente en la zona. La Juez de Distrito que conoció del asunto determinó que estas vecinas no podían acudir al juicio de amparo, pues no acreditaron haber sufrido un daño como consecuencia de la afectación al medio ambiente que reclamaban. Esta decisión fue objeto de debate en esta sentencia.

Respecto al fundamento axiológico y núcleo esencial, el Derecho humano al medio ambiente es un derecho de tercera generación, se fundamenta en la idea de solidaridad, debido a que se basa en una idea de interacción entre el hombre y la naturaleza que tiene en cuenta los efectos individuales y colectivos de la acción humana.  Este derecho no sólo atiende al derecho de los seres humanos de vivir en un medio ambiente sano y digno, sino también protege a la naturaleza por el valor que tiene en sí misma.

Por otro lado, el derecho humano al medio ambiente como derecho autónomo y de acuerdo a la íntima conexión que existe entre la protección al medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, se ha reconocido el derecho al medio ambiente como un derecho en sí mismo. Especialmente el sistema interamericano de derechos humanos. En relación con esto, se reconoció el derecho al medio ambiente como un valor tutelable en sí mismo; específicamente la corte   Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-23/17, 15 de noviembre de 2017, párr. 55. Amparo en Revisión 307/2016 5 preciso las obligaciones correlativas para los estados a: a) Garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, un medio ambiente sano para vivir; b) Garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, servicios públicos básicos; c) Promover la protección del medio ambiente; d) Promover la preservación del medio ambiente; y e) Promover el mejoramiento del medio ambiente.

De igual manera, la naturaleza colectiva del derecho al medio ambiente lo ha entendido desde dos connotaciones tanto individuales como colectivas. En la dimensión colectiva constituye un interés universal que se debe tanto a las generaciones presentes como futuras. En su connotación individual su vulneración puede tener repercusiones directas e indirectas sobre las personas debido a su conexidad con derechos como la salud, la integridad y la ida, entre otros.

Así mismo, en esta sentencia se reconoce el principio in dubio pro natura el cual se encuentra indisolublemente vinculado con los principios de prevención y precaución, pues se ha entendido que, ante la duda sobre la certeza o exactitud científica de los riesgos ambientales, se debe resolver a favor de la naturaleza. Esto es, si en un proceso existe una colisión entre el medio ambiente y otros intereses, y los daños o los riesgos no pueden dilucidarse por falta de información, deberán tomarse todas las medidas necesarias a favor del medio ambiente.

Adicionalmente, se desarrolla el principio de no regresión como una limitación a los poderes públicos de no disminuir o afectar el nivel de protección ambiental alcanzado, salvo que esté absolutamente y debidamente justificado. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible se formuló este principio a partir del reconocimiento de la obligación de todos los Estados de no hacer, esto es, de no retroceder y afectar los umbrales de protección ambiental ya adquiridos o modificar la normativa vigente, en virtud de que esto conllevaría a disminuir o afectar negativamente los niveles de protección ambiental ya alcanzados.

De acuerdo a lo anterior, es claro que la especial configuración al derecho ambiental conlleva a un cambio en la lógica jurídica caracterizado, principalmente, por la flexibilización de diversas instituciones del derecho procesal.

La sala hace énfasis especialmente en la justiciabilidad del derecho humano al medio ambiente, por cuanto si se desarrollaran de acuerdo a los modelos tradicionales de justicia, resultarían insuficientes para llevar a cabo la protección buscada es por lo anterior que estableció  dos herramientas en el proceso con las que cuenta el juzgador para corregir la asimetría a la que se enfrenta el ciudadano en la protección al medio ambiente: a) la reversión de la carga probatoria conforme al principio de precaución; y b) el papel activo del juzgador para allegarse de los medios de prueba necesarios. En efecto, el juez de amparo en juicios que involucren el derecho humano al medio ambiente debe, en primer término, realizar una valoración preliminar sobre la existencia del riesgo de daño o daño al medio ambiente; esta valoración atenderá a un criterio de razonabilidad regido, principalmente, por los principios de precaución e in dubio pro natura. El riesgo que se advierta en esta etapa debe ser cualquiera susceptible de ocasionar una afectación al ecosistema que se pretende proteger. Si de esta valoración preliminar el juzgador de amparo advierte que efectivamente se actualiza un riesgo de daño entonces cobrarán vigencia estas dos herramientas procesales con el objeto de allegarse de mayores elementos probatorios para determinar la alegada afectación al medio ambiente: a) Reversión de la carga probatoria conforme al principio de precaución Se revertirá la carga probatoria a la autoridad responsable con el objeto de que sea ésta quien acredite que el riesgo de daño Amparo en Revisión 307/2016 67 al medio ambiente advertido por el juzgador en realidad no existe.

Finalmente, respecto al caso concreto, la sala reconoció que el ser humano cohabita y hace parte de los ecosistemas que forman la naturaleza, de ahí su permanente interacción, de la cual es evidente los beneficios que otorga al ser humano, pero también como el hombre en muchas ocasiones pone peligro la conservación del medio ambiente.

Es así como la posibilidad de las personas para solicitar la protección al medio ambiente, mediante mecanismo judiciales, se encuentra íntimamente relacionada por la relación que existe entre la persona o el conjunto de personas y el ecosistema que se pretende proteger. Sin embargo, la sala observa la dificultad para demostrar dicho vinculo. No obstante, establece que una forma para probar el nexo es acreditar que la persona que acude al juicio, habita o utiliza la zona de influencia del ecosistema que se pretende proteger, entendiéndose ésta, como el área geográfica en la cual impactan directamente los servicios ambientales que presta dicho ecosistema. En conclusión, la Corte concedió el amparo constitucional.

   

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